Lima, 15 de agosto del 2012

 

                                   LOS DESAFÍOS DEL SEGUNDO AÑO

 

                                                                       Pilar Arroyo R.P.

                                                                       Instituto Bartolomé Las Casas

 

            Entrando al  segundo año de gobierno nacionalista, el Perú enfrenta diversos desafíos. Queremos brevemente referirnos  a tres de ellos: pasar del crecimiento al desarrollo, el manejo de los conflictos sociales y la creciente presencia de Sendero Luminoso.

 

I.- CRECIMIENTO Y  DESARROLLO

 

            El economista Efraín Gonzales de Olarte nos dice que “la tasa de crecimiento promedio del PBI [Producto Bruto Interno] peruano en el periodo 2001-2011 ha sido de 5.8%, la más alta y bastante por encima del 4.2% que registra como promedio la región. Nunca antes el Perú había sido el líder del crecimiento económico en América Latina por toda una década”[1].

 

            En una reciente publicación El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  [PNUD] también destaca los logros de nuestra economía, señalando que “la economía funciona, promueve un ambiente de negocios altamente favorable al crecimiento, alienta la consolidación de nichos de alta competitividad, genera nuevas capas medias, y más aun, lo hace con un dinamismo tal que ha colocado a Perú en una posición expectante para dar un salto cualitativo en términos de desarrollo en los próximos años”[2].

            Incluso este año, a pesar de los embates de la crisis mundial, las proyecciones  de crecimiento están alrededor del 6% del Producto Bruto Interno. Y  se habla de una tasa similar hasta el 2016. Todo pareciera  indicar que la crisis mundial golpeará, pero no noqueará a nuestra economía. El BBVA Research, en su informe del segundo trimestre del 2012, señala que “la fortaleza de la inversión privada y pública permitirá que la economía mantenga un crecimiento robusto, cercano al potencial, a pesar de la debilidad del entorno global (…) En conclusión, si bien un agravamiento de las condiciones externas tendrá impactos sobre la actividad local, la economía peruana cuenta con fortalezas que los mitigarían”[3]

            Como señalamos en nuestra entrega de marzo de este año[4] entre esas fortalezas se encuentra el tener abundantes Reservas Internaciones Netas (RIN). Estas ascienden, al 10 de agosto del 2012 a US$ 58,544[5]. Como es sabido,  las RIN nos permiten enfrentar situaciones difíciles, ya sea por razones de desastres naturales o por turbulencias de la economía internacional. Pero también el tener una deuda pública total (externa e interna) manejable (20.9% del PBI)[6]. 

            A ello se suma nuestro Mayor intercambio comercial con Asia y América Latina, lo que nos permite ser menos vulnerables que antes a las dificultades económicas de los Estados Unidos y la Unión Europea. El economista Félix Jiménez dice, por ejemplo, que “China ya desplazó a los Estados Unidos como nuestro principal proveedor de bienes manufacturados importados. En marzo de este año, el 18% de nuestras importaciones provenían de China y el 14% de los Estados Unidos de América”[7] Otra importante fortaleza es el hecho de ser segundo productor mundial de plata y sexto en oro, pues en épocas de crisis los capitales buscan refugio en ambos minerales.

            En síntesis, a nivel de crecimiento nos va bastante bien. Sin embargo, no podemos afirmar lo mismo con respecto al Desarrollo, pues los principales indicadores sociales siguen siendo bastante preocupantes[8] Para entrar  con pie firme en la senda del desarrollo no podemos seguir basando nuestro crecimiento sólo en la exportación de nuestros recursos minerales, pues el tipo de crecimiento que genera es excluyente.

            Carlos Eduardo Aramburú recuerda que este tipo de crecimiento favorece solo a los sectores más conectados al mercado. El afirma que es “evidente que el crecimiento económico es capaz de sacar de la pobreza sobre todo a los sectores más conectados al mercado, que cuentan con los activos (educación, vialidad, conectividad, crédito, etc.) que le permiten aprovechar las oportunidades derivadas de este crecimiento. Pero su impacto es bastante menor para las poblaciones que no cuentan con estos activos, es decir las más excluidas” [9].

 

            Waldo Mendoza, , Jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),  considera que “La modificación del estilo de crecimiento actual, concentrado en la explotación de materias primas de exportación, especialmente mineras, hacia un crecimiento basado en la exportación de productos manufactureros, intensivos en mano de obra, puede conducir a una mejora en la distribución del ingreso. Esta modificación es compleja, e implicaría un cambio en el estilo de crecimiento prevaleciente en el país de los últimos veinte años. Esta ruta ha sido aparentemente dejada de lado por el presidente Humala, al menos por ahora”[10]

 

            Carlos Monge es de similar opinión, él señala que “se mantiene el modelo general en el que las extractivas son el motor del crecimiento y todo lo demás se subordina a la promoción de inversiones en este sector”[11] En cambio, como nos recuerda Félix Jiménez, que fue Jefe de Plan de Gobierno de Gana Perú, en la Hoja de Ruta se proponían “reformas –emprendidas desde el Estado—orientadas a desarrollar mercados internos, expandir la inversión privada nacional, diversificar la capacidad productiva y desarrollar la competitividad”[12], lo que sí nos ponía en una clara ruta del desarrollo.

           

            Lamentablemente, en el Mensaje Presidencial de Julio del 2012 no se retoma la idea inicial del nacionalismo de vincular crecimiento con desarrollo.  Hoy el presidente habla del crecimiento como si fuera sinónimo de desarrollo. Humala dijo: El crecimiento económico sostenido es indispensable para reducir la pobreza, la desigualdad y generar los ingresos fiscales que aseguren la expansión del gasto social en favor de los más pobres y excluidos del país. La mayor inclusión social redundará en mayor inversión y crecimiento. En este círculo virtuoso apostamos decididamente”[13]

 

            El reto es cómo desde la sociedad civil y otros espacios se vuelve a poner el tema en agenda.

 

 

II.- EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES

 

            Este ha sido uno de los temas que más costos  y consecuencias políticas han tenido durante el primer año de Humala en la presidencia y el que, a nuestro parecer, seguirá marcando su segundo año de gestión.

 

            Anahí Durand nos dice que “hoy los conflictos sociales no cuentan con estructuras centralizadas ni están necesariamente asociados a aparatos partidarios. Los conflictos de ahora se muestran poco estructurados, dispersos y reactivos ante alguna presión del contexto que torna más evidente la contraposición de intereses. Además, estos se hallan estrechamente vinculados a la presión sobre los territorios que exige el actual momento económico signado por la implementación del modelo neoliberal eminentemente extractivo”[14].

 

Problema no es exclusivo del Perú

 

La socióloga argentina Maristella Svampa afirma que estamos “en una nueva fase de acumulación del capital, en la cual uno de sus núcleos centrales es la expropiación de los recursos naturales, cada vez más escasos, en el marco de una lógica de depredación ambiental”. Y ello “se constituye en el punto de partida de los reclamos de las movilizaciones y movimientos campesinos, indígenas, así como de los nuevos movimientos socio-territoriales” [15]  

Por su parte Fernando Calderón, en un estudio sobre los conflictos sociales en la región (periodo octubre 2009, septiembre 2010) encuentra que “la conflictividad en los países de América Latina presenta rasgos comunes: plataformas de exclusión y desigualdades crónicas cuestionadas por la ciudadanía”. Para él “la desigualdad constituye la base sobre la que se desarrollan la mayoría de los conflictos y protestas sociales en la región”. Y nos recuerda que ya el PNUD en su Informe Regional del 2010 había señalado que dicha desigualdad era “alta, persistente y se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica”. Para él estas demandas tienen a la base el desafío de ¿Cómo combinar hábilmente crecimiento, redistribución y sostenibilidad ambiental?”[16].

 

            Y el Revenue Wacht Institute señala que “la alta demanda y los altos precios de los minerales, el petróleo y el gas en el mercado regional e internacional han estimulado un nuevo ciclo de inversiones en exploración y extracción de recursos naturales no renovables. Esta expansión de las actividades extractivas ha estado acompañada de una serie de conflictos sociales y ambientales, en los que los pobladores de las comunidades aledañas a los proyectos demandan la suspensión o cancelación de los mismos, o bien negocian fuertemente las condiciones de su presencia, reclamando compensaciones a los daños causados o esperados[17].

 

 

Y tiene bases objetivas

 

            Ello es muy importante recordarlo cuando hay una mirada que busca atribuir la altísima conflictividad que nos caracteriza a una mera agitación social o política que debe ser respondida desde el Estado con medidas coercitivas. Esta mirada pasa por alto que el crecimiento exponencial de los conflictos socio ambientales (en el 2005 eran el 8% del total, en el 2012 bordea el 60%; en el 2004 abarcaban 4 regiones, hoy 24 regiones) está relacionado a:

 

a) La expansión acelerada de las concesiones para explotación de Recursos Naturales. Por ejemplo, en los 90 las mineras tenían concesiones que totalizaban 2´300,000 Has. En el 2012 dichas concesiones totalizan 25´900,000 hectáreas, es decir el 20.3% del territorio nacional.   Y en el caso de la Amazonía, el  75% de su territorio está concesionado.

 

b) A la existencia de un marco legal extremadamente favorable a las  empresas extractivas, que no toma en cuenta el cuidado del medio ambiente, ni los derechos de la población. Ello ha sido reconocido por el propio Presidente, quien en un Mensaje del 22 de junio habló de la necesidad de establecer nuevas reglas para la minería. En esa oportunidad el Presidente fijó un plazo de 30 días para que una comisión multisectorial presentara una propuesta al respecto. Y en el Mensaje del 28 de julio anunció que la comisión ya había entregado su propuesta.

 

            Se habla de la necesidad de nuevas reglas porque el contexto en que se dio el marco legal anterior no es el mismo. Este fue dado en los noventas cuando el Perú afrontaba las consecuencias de la segunda hiperinflación más alta de la historia mundial, enfrentaba la violencia terrorista de Sendero Luminoso (SL), los precios de los recursos naturales no eran tan atractivos y los temas ambientales no eran prioritarios en la agenda mundial.

 

            Si bien la comisión ya entregó su propuesta, José de Echave señala que “Parece que no hay humo blanco dentro del gabinete y que las resistencias a aceptar los cambios son fuertes, sobre todo de ministerios como el de Energía y Minas. Además, los grupos empresariales mineros están jugando sus cartas y no aceptan cambios sustantivos”[18].

 

c) Que el Estado juega abiertamente a favor de las empresas extractivas, renunciando a su rol. La Defensoría del Pueblo en su análisis sobre los conflictos sociales, habla de un estado ausente, ineficiente, y arbitrario. Y de que “se observa negativa a recibir y escuchar a dirigentes” [19]. El hecho es más preocupante aún si se toma en cuenta que se ha permitido que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional firmen contratos de seguridad con diversas empresas extractivas, dándose incluso el caso que existan comisarías dentro de campamentos de dichas empresas. Por ello es saludable el anuncio presidencial de que ha dispuesto “que las instalaciones policiales que se encuentren en campamentos o en propiedad de empresas privadas sean retiradas progresivamente en la medida que se cuenten con locales adecuados para su funcionamiento y servicio a la comunidad”[20]

 

d) Y también a la existencia de escasos mecanismos reales de participación ciudadana. Por ejemplo, para que la población opine sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) la información que se otorga es demasiado técnica y los plazos son muy reducidos.

 

La peligrosa polarización existente

 

            El no reconocer estas y otras razones objetivas que están a la base de los conflictos socio ambientales ha llevado a una polarización de los mismos, cuyas posiciones explicamos ampliamente en nuestra entrega de febrero de este año. Y ello, a su vez ha llevado a un incremento de la violencia. 

 

            En efecto, la Defensoría del Pueblo señala que  “entre enero del 2006 y septiembre del 2011 (…) el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue  2,312, entre civiles y policías”[21]. Esto supera el promedio de toda la región. Por ejemplo, en Bolivia en conflictos sociales desde el 2006 a la fecha ha habido 28 muertos y en Colombia en el mismo periodo 6[22].  Y ello es así porque en el sentido común de la región es inconcebible que los ciudadanos mueran por esta causa, siendo el costo político sumamente alto.

 

            La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que “El número de personas fallecidas, así como la canti­dad y características de las lesiones infringidas a los sobrevivientes hablan de una política de estado, y no simplemente de la inconducta funcional de algunos efectivos. Ciertamente, teniendo en cuenta “la estruc­tura jerárquica y la actuación esencialmente plani­ficada y coordinada” de la Policía Nacional del Perú resulta impensable que acciones de violencia tan ge­neralizadas, desproporcionadas e injustificadas como las suscitadas en Cajamarca (julio del 2012) o Juliaca ( junio del 2011) hayan sido fruto del accionar espontá­neo de los policías implicados (…)Además, en la mayoría de los casos las per­sonas victimadas se encontraban desarmadas, huyendo, o no constituían peligro alguno para los policías o para otros civiles”[23].

 

Por todo ello coincidimos con la Defensoría cuando señala que el adecuado tratamiento de los conflictos sociales “representa uno de los retos más importantes para la consolidación de la democracia y la cultura de paz en el Perú”. La Defensoría insta a comprender que “los conflictos sociales deben ser entendidos como modalidades de expresión ciudadana que, adecuadamente gestionados, se pueden convertir en oportunidades para el país”[24].Y también nos parece urgente lanzar una campaña desde la sociedad civil para que no haya un muerto más en los conflictos sociales.  

 

 

LA CRECIENTE PRESENCIA DE SENDERO LUMINOSO

 

En los últimos meses hemos visto como la presencia de las dos vertientes de Sendero Luminoso se hace más evidente en la escena pública.

 

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Recordemos que esta facción rompió con Abimael Guzmán en 1992. Primero fue liderado por Oscar Ramírez Durand (Feliciano) hasta su captura y hoy lo es por los hermanos Quispe Palomino. Más conocido como el grupo del  VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) por estar su accionar circunscrito a dicha área, lograron cobertura nacional con el secuestro de los 36 trabajadores en Kepashiato (abril de este año) y los acontecimientos posteriores. De ellos nos ocupamos ampliamente en nuestra entrega de mayo.

 

 

El Sendero Luminoso de Abimael Guzmán

 

            Esta facción, mucho más numerosa que la anterior, ha estado muy activa en el escenario nacional en el último semestre. Si bien fracasó en su intento de inscribir como partido político a su organismo de fachada MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) la ha seguido usando para hacerse presente en cuanta movilización ha habido en Lima y las regiones. Y es a través del MOVADEF que tiene presencia en diversas universidades públicas, a nivel nacional.

 

            Igualmente, ha logrado conducir una huelga magisterial, a través del CONARE-SUTEP [Comité Nacional de Reconstrucción y Reconstrucción del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú] desde el 20 de junio a la fecha, contando para ello con el respaldo de la mayoría (por encima del 80%) de sectores magisteriales de Puno, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica y en mucho menor medida Cusco (aproximadamente el 30%). 

 

            Al igual que en el pasado, Sendero se ha montado en dos justas reivindicaciones del gremio magisterial (aumento de salarios y rechazo a la forma como se implementó la Carrera Pública Magisterial durante el II gobierno de Alan García) para avanzar sus posiciones en el SUTEP.  Lamentablemente, al igual que el pasado, maestros que sólo piensan en sus reivindicaciones inmediatas, se convierten ingenua e irresponsablemente en masa de maniobra de Sendero Luminoso.

 

            Recordemos que el sector educativo desde los inicios fue la cantera del senderismo. Y en el caso del magisterio La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se preguntó ¿Por qué el PCP-SL centró su mirada en el magisterio? Y se contestó que “La presencia estratégica que los maestros tienen a escala nacional como consecuencia de la masificación de la educación y la legitimidad que tienen tanto la educación como el maestro son dos aspectos claves por lo que el PCP-SL centró su atención en el magisterio. Son los maestros quienes con frecuencia actúan como intermediarios entre los ciudadanos y las dependencias del Estado, por lo que han adquirido una fuerte capacidad de influencia (…) el hecho de que el maestro sea un líder de su comunidad explica la importancia que pudo asignarle el PCP-SL (…) a través del magisterio, el discurso del PCP-SL podía llegar a los jóvenes, que eran su interés central”[25].

 

            El asunto es realmente preocupante, pues Sendero en sus diversas apariciones públicas (en la universidad, en el CONARE, en la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero, en las movilizaciones, etc.) no muestra haber cambiado ni en sus concepciones ni en sus métodos y menos en su simbología, manteniendo la misma agresividad descalificadora con cualquiera que discrepen con ellos, como se ha podido notar, especialmente en Puno. Su esencia totalitaria se le desborda por los poros. Tan es así que en la huelga magisterial han vuelto a aparecer perros colgados.  Es preocupante también porque su crecimiento indica que hemos fallado como sociedad en saber transmitir adecuadamente la memoria de los terribles daños que este grupo causó al país, sobre todo a sus sectores más olvidados.

 

Y es preocupante porque este tipo de presencia indica fortaleza ideológica, capacidad de movilización, iniciativa y organización en momentos de desilusión de sectores que hace tiempo piden cambios en el país. Nos parece que como sociedad debemos desarrollar reflejos rápidos para lograr neutralizar dicha presencia. Creemos que mantiene plena vigencia lo señalado hace 9 años (agosto del 2003) por Salomón Lerner Febres, Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En esa oportunidad Lerner dijo que “por su carácter inherentemente criminal y totalitario, despectivo de todo principio humanitario, el PCP-Sendero Luminoso es una organización que, en cuanto tal, no puede tener cabida en una nación democrática y civilizada como la que deseamos construir los peruanos” [26].

 

            Basaba su afirmación en el hecho de que SL mostró durante  el periodo 1980-2000 un desprecio total por la vida, siendo según la CVR el principal responsable de crímenes y violaciones de los derechos humanos durante dicho periodo. En el Informe Final la CVR también acusa a SL de crímenes de lesa humanidad por desplegar una “extremada violencia e inusitada crueldad” en la implementación de un proyecto fundamentalista “militarista y totalitario de características terroristas” con una “falta absoluta de respeto por la persona humana y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes”.   su accionar “buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil”[27].

 

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[1]) Cf. Gonzales de Olarte, Efraín “A un año del gobierno de Ollanta Humala: Economía: en piloto automático. Política: ¿dónde está el piloto?”. En Revista Argumentos, año 6, n.° 3. (Julio 2012) pp.60-61. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/efrain_gonzales.html

 

[2]) Perú: la oportunidad de un nuevo ciclo de desarrollo Escenarios prospectivos 2012-2016. (La Paz, IDEA-PNUD, Colección Informes Nacionales de Prospectiva Política PAPEP, Junio – 2012) p 14.

 

[3])  BBVA Research “Situación del Perú” Segundo Trimestre del 2012 (Lima, julio del 2012) pp.8 y 16

 

[4])  Se puede bajar de www.bcasas.org.pe , al igual que las otras que mencionamos líneas abajo.

 

[5]) Banco Central de Reserva del Perú. Nota Semanal. Resumen Informativo n. 32.

 

[6]) Cf. “La deuda externa ya no es problema” en Hildebrandt en sus Trece, Semana del 27 de enero al 2 de febrero del 2012.

 

[7]) “Primer año de Gobierno de Ollanta Humala: Balance económico y perspectivas” en  Otra Mirada 9 de agosto del 2012. Se puede bajar de http://www.otramirada.pe/primer-a%C3%B1o-de-gobierno-de-ollanta-humala-balance-econ%C3%B3mico-y-perspectivas

 

[8] ) . Nos eximimos de detallarlos, pues ya lo hicimos en nuestra entrega de marzo de este año.

 

[9]) “Política social. De la protección a la inclusión” en Eduardo Toche(compilador)Perú Hoy. La Gran Continuidad  (Lima, Desco, 2012) p.102.

 

[10]) Mendoza, Waldo. “El primer año de Ollanta Humala”. En Revista Argumentos, año 6, n.° 3. (Julio 2012). pp. 62 y 59, Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/el_primer_ano_de_ollanta_humala.html

 

[11]) Humala y las Industrias Extractivas. Poca transformación y mucha continuidad en Perú Hoy. La Gran Continuidad  (Lima, Desco, 2012) p.377.

 

[12]) “Humala y su predilección por el piloto automático”en La Primera 28 de julio del 2012

 

[13]) Mensaje a la Nación del Señor Presidente Ollanta Humala con motivo del 191° Aniversario de la Independencia Nacional (Lima, 28 de julio del 2012) p. 13.

 

[14]) “El costo de lo pendiente: conflictos sociales e impunidad en tiempos de Humala2 en Eduardo Toche(compilador) Perú Hoy. La Gran Continuidad  (Lima, Desco, 2012) p.189. Un dato interesante que nos da la autora es que “En el caso del Proyecto Minas Conga, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado «con cargo a entregar el estudio hidrogeológico el año 2013», es decir, en plena fase de exploración” (nota 2, pag. 192).

 

[15]) “Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro eco-territorial” en Héctor Alimonda (coordinador) La naturaleza colonizada. Ecología Política y Minería en América Latina  (Buenos Aires, CLACSO,  2011) pp.190 y 212.

 

[16]) “Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina” en Revista de la CEPAL 107 (agosto 2012) pp. 7, 11 y  8.

 

[17]) Revenue Wacht Institute, Oficina Regional para América Latina Reporte anual de tendencias de las industrias extractivas en América Latina 2011 (julio de 2012)p. 17.

[18]) José de Echave C ¿Y la Nueva Minería” (Cooperación, 13 de agosto del 2012).

 

[19]) Defensoría del Pueblo del Perú Violencia en los conflictos sociales, Informe Defensorial N° 156 (Lima, marzo 2012) pp.35 y 45.

 

[20])  Mensaje … p.23.

 

[21]) Defensoría … pp. 7-8.

 

[22] ) Jo-Marie Burt “La impunidad de hoy y de ayer: una sola” en Noticias Ser del 1 de agosto del 2012. El dato lo toma del New York Times

 

[23]) Mar Pérez Aguilera “Conflictividad Social y Vulneración de Derechos” en ¡Ni un Muerto más! 2011-2012 (julio) Informe Anual. Un año de Gobierno del Ollanta Humala (Lima, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 2012)p.18.

 

[24] ) Defensoría … pp. 102 y 125.

[25] ) CVR Informe Final, Tomo III p. 547 Sugerimos al magisterio re-leer el punto 5 (“El sistema educativo y el Magisterio”) del Capítulo III del Tomo III del Informe Final (pp.537-615) para que recuerden cuáles son las reales intenciones de Sendero Luminoso en el sector educativo.

 

[26] ) Discurso de Presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Palacio de Gobierno, 28 de agosto del 2003.

 

[27] ) Todas las citas son tomadas de: Comisión de la Verdad y Reconciliación. Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR (Lima, agosto del 2003).

¿Es el ejercicio docente una profesion o es solo un oficio?

Por el status que la sociedad otorga a los docentes, pareceria que ejercerla  es solo un oficio y no una actividad profesional. Desde su preparacion, las organizaciones formadoras de docentes han creado condiciones  contrarias a una rigurosidad academica de  una profesion. ¿Conoce usted una universidad que forma medicos,  ingenieros, economistas o contadores solo con asistencia de sabados y domingos? o un Instituto que forma licenciados en enfermeria, psicologos o arquitectoss en solo 3 años? .Usted seguramente ya tiene la respuesta. No ; pero, para formar a un profesor o docente si hay universidades o facultades de educacion que  entregan titulos de licenciados a nombre de la nacion con asistencia solo de sabados y domingos o institutos pedagogicos que forman profesionales en solo 3 años.
Se tiene por entendido que enseñar no es una labor especializado, entonces su status social es de profesional de ultima categoria. ¿Seran las Universidades o Intitutos formadoras de docentes los responsables para que los docentes tengan ese status? Las Universidades que forman docentes en programas regulares, cuidan que los egresados sean evaluados con una rigurosidad academica como los hacen las demas facultades?
Otro factor que dice que el ejercicio de la docencia no es una profesion es el sueldo que percibimos, que en promedio es de 35 soles diarios.
El ejercicio docente si es una profesion, y por eso quien la ejerce esta obligado a profesionalizarse permanentemente y quien no lo ha hecho simplemente a contribuido al status que hoy tiene la profesion docente.
¿Que opina usted?

 

SITUACION DE LOS MAESTROS QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL REGIMEN DE LA  LEY N° 29062 (CPM)

 

Muchos docente que nos encontramos bajo el regimen de la ley N° 29062, aun habiendo formado parte de los SUTE. BASE motivados por la arremetida del APRA, a traves de su lider Alan Garcia Perez, quien catalogo a los maestros de "ociosos e incapaces de someternos a una evaluacion", decidimos incorporarnos a dicha ley conscientes de que poniamos en juego tambien nuestra estabilidad laboral, lo hicimos para demostrar  que no le teniamos miedo a la evaluacion y que sobrepasamos los puntajes de una prueba nacional que si estuvo fuerte en su grado de dificultad, especialmente la prueba de la ultima convocatoria en el 2011, cuyos procedimientos fueron mas complicados, porque fueron CUATRO EXAMENES: Examen Nacional, Examen de Dominio de las TICs, Examen de Especialidad y Examen de Desempeño que fue a traves de una Clase Modelo con estudiantes; asi que no fue ningun regalo y muchos colegas no pasaron la valla.

 Por el lado de nuestras remuneraciones, a traves de estos mecanismos le arrancamos un aumento signifcativo a la patronal, algo que por la luchas magisteriales nunca hubieramos conseguido; es mas, nuestro gremio esta tan manipulado por un sector politico que en las historicas jornadas como en la Huelga Nacional de 1994, donde contamos con el apoyo masivo de los padres de familia y la comunidad en general, nuestros amigos del CEN levantaron la Huelga por un miserable aumento de 100 soles y los 20 famosos puntos que lo promovieron como grandes conquistas. Ahora convocan a una Huelga Indefinida por aumentos de sueldos, cuando en los mas de 40 años de hegemonia de la dirigencia nacional, no han sido capaces de arrancar un solo aumento digno para los maestros, mas por el contrario han burlado las espectativas de miles de maestros de tener un sueldo digno. Es mas, no seria nada raro que en estas convocatorias ya tengan algo cocinado debajo de la mesa, para levantarlo cuando el ejecutivo tome la decision de intervenir en la DERRAMA MAGISTERIAL, fondos economicos que han permitido que alrededor se organicen grupos mafiosos, solo con el interes de controlar.

Los casi 50 mil docentes que estamos bajo el regimen de la ley N° 29062, aun habiendo muchos de ellos accedido por medios corruptos, especialmente los "compañeros de pañuelo blanco" que accedieron a dicha ley en las primeras convocatorias, son docentes a tener en cuenta; pero  los clarificados dirigentes del CEN DEL SUTEP estan pidiendo la derogatoria de la LEY N° 29062, como si dicha ley  no tubiera  consecuencias sociales, juridicos, laborales y salariales.

Un gran sector del magisterio nacional bajo el regimen de la ley 29062, estamos conscientes y tenemos una lectura completa de la actual situacion educativa nacional. No mejoran los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes aumentado el sueldo a los maestros, si cuando ingresa a un aula no encuentra un tomacorriente para hacer uso de un audio o un multimedia personal o cuando hay una aula de innovacion con 2 computadoras o aula de 40 computadoras para 2 mil estudiantes o cuando un profesor con 40 estudiantes trabaja educacion fisica con dos balones de basquet, cuando deberia tener minimo 10 balones o cuando nuestros estudiantes solo reciben clases en horas de 40 minutos.
Entonces estamos conscientes que el problema de la educacion de los niños y niñas peruanos no esta siendo atendido por los sucesivos gobiernos de turno. ¿Debe mejorar los sueldos de todos los maestros?  Si, pero, tambien deben destinar mayor presupuesto para que estudien en aulas dignas  contar con materiales educativos suficientes, contar con espacios para que ejerciten el cuerpo y se preparen para futuras competencias, contar con aulas con instalaciones de las TICs; por todo esto es URGENTE  que la poblacion se ponga de pie para  exigir al actual gobierno mayor presupuesto para la educacion, como lo establece el acuerdo nacional no menos del 6% de PBI.

 



 

25 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA UGEL 09

Agradeciendo de antemano el inmerecido reconocimiento a este humilde servidor  por parte de la Directora de la UGEL 09. Lic. Miriam Watanave Alva.

A CONTINUACION UNA REFLEXION SOBRE LA CREACION DE LA UGEL 09.
Al crearse como organo desconcentrado primero y luego como unidad ejecutora descentralizada, del Gobierno Regional de Lima Provincias, la UGEL 09, que comprende 11 Distritos de la Provincia de Huaura y el Distrito de Cochamarca de la Provincia de Oyon, podemos dar cuenta de los beneficios que ha significado para el sistema educativo en esta parte del pais.
Como Unidad Ejecutora maneja directamente las partidas presupuestarias destinadas por el MEF y entonces, los salarios se pagan oportunamente a los docentes y trabajadores administrativos activos y cesantes y no como antes que algunas veces tuvimos que viajar al  Congreso de la Republica para que se nos pague nuestros magros sueldos; tambien los presupuestos que maneja la UGEL por Unidad de Costeo a traves de los Directores de las IIEE,  que llegan oportunamente a las escuelas. En ese sentido han habido beneficios indudables para los trabajadores del sistema educativo de esta parte del pais.
El contrato docente tambien ahora se ejecutan en las UGEL, asi como todos los movimientos de personal como desplazamientos. Los cheques y planillas son ejecutados desde la misma unidad ejecutora, que tambien es un beneficio para los trabajadores.
Actualmente atiende aproximadamente 25 IIEE de Inicial, 60 IIEE de Primaria y 30 IIEE de Secundaria con casi 40 mil estudiantes en el nivel publico y 20 mil estudiantes en el nivel privado en total casi 60 mil estudiantes.
¿Podemos citar algunos beneficios de la UGEL 09 en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? Considero que no. En primer lugar no tenemos una linea de base para medir si hemos avanzado o no, solo sabemos que nuestros estudiantes no adquieren capacidades de comprension lectora ni menos de razonamiento matematico por la Prueba PISA, que siendo un dato importante no refleja la realidad de los estudiantes de Lima Provincias, que bien podrian estar en perores condiciones que las escuelas que fueron evaluados. Entonces, es imposible que alguien pueda decir que la gestion al frente de la Unidad Ejecutora fue exitosa, en razon que la esencia de la administracion de una UGEL son los estudiantes.
Han pasado 25 años y no se sabe en que condiciones se encuentran nuestros estudiantes en sus aprendizajes, lo correcto es pensar que si tengo que pagar 2 millones de soles mensuales en remuneraciones a docentes, debo saber cual es el cambio o la mejora del aprendizaje de los estudiantes en ese mes, de lo contrario se paga remuneracion sin beneficio. ¿Es posible medir la relacion entre el trabajo del docente y el aprendizaje de los estudiantes? Considero que si; pero, ningun Director Regional, de UGEL o Alcalde lo ha hecho, a ninguna autoridad le interesa mejorar la educacion de los niños en las escuelas publicas, por lo que los Directores de una Unidad Ejecutora lo hacen solo por costumbre.
Otra debilidad que podemos señalar es la existencia de normas que en nuestro pais no se cumple. El D S N° 09-2005 ED Gestion del Sistema Educativoy el  D.S. N° 018-2006-ED, establecen que la cobertura de los cargos de Director de UGEL deben ser mediante Concurso Publico. En la UGEL 09 ninguno de los ex Directorres lo hizo por concurso, a excepcion del Lic, Luis Fernando Ruidias que accedio al cargo por un concurso cuyo proceso  fue cuestionada por la comunidad huachana, el suscrito tampoco se entero de dicho concurso por lo apretado del cronograma, donde resultaron ganadores Directores que anteriormente no habian aprobado la evaluacion. El hecho es que la Direccion de la UGEL 09  y los casi 60 mil estudiantes, no se ha favorecido por un funcionario que haya resultado ganador de un concurso publico limpio y transparente y que motivadamente la comunidad tendria que pedirle cuentas sobre su gestion al culminar su mandato. ES TIEMPO QUE LA LEY SE CUMPLA, SON LOS GOBIERNOS REGIONALES LOS ENCARGADOS DE HACERLA CUMPLIR.
El proceso de descentralizacion y la implementacion de los Gobiernos Regionales y sus respectivas Unidades Ejecutoras ha devenido en otro mal, EL DE LA CORRUPCION. En estos ultimos 10 años las gestiones de las UGEL se ha visto embueltos en escandalos de corrupcion por el mal manejo de los irrisorios fondos que el MEF transfiere para bienes de capital y bienes y servicios. La UGEL 09 recibe aproximadamente 200 mil soles mensuales para bienes y servicios, es decir dinero para comprar escobas, recogedores, desinfectantes, utiles de oficina y otros materiales que las IIEE utilizan; en este rubro es donde se observan niveles de adulteracion de precios, cobros por comisiones ilegales, se ha podido detectar que se han formado grupos inescrupulosos, promovidos por algunos malos proveedores del Estado que organizan testaferros, cambian y eligen Directores de UGELES con la finalidad de convertirse en unicos  proveedores. Un Director ganador de Concurso Publico dificilmente podra prestarse a estas malas artes, ademas que tendra mayor legitimidad para actuar contra los actos administrativos que involucren corrupcion.
Otro factor negativo para relanzar la mejora de la educacion de los niños, niñas y adolescentes en esta parte del pais, es todabia la debil autonomia que da la descentralizacion a los Gobiernos Regionales y a sus Unidades Ejecutoras.
 

PUNTOS DE VISTA

PUNTOS DE VISTA

¿SABE USTED POR QUE LAS FUERZAS ARMADAS DE CHILE TIENEN ARMAMENTOS DE ULTIMA GENERACION?

LA LEY Nº 13.196 (RESERVADA DEL COBRE)
El primer antecedente de la actual configuración del financiamiento de las inversiones de nuestra Defensa Nacional, esto es destinar recaudaciones específicas para las adquisiciones de los nuevos armamentos en forma independiente de los recursos presupuestarios anuales para su funcionamiento de régimen, fue la Ley Nº 6.152 del 18 de enero de 1938. En ella se estableció el canon de arriendo de los terrenos fiscales del territorio de Magallanes y se dispuso que el 90% de las rentas obtenidas por el Fisco por esa vía se destinasen a la adquisición de material de guerra y a satisfacer las necesidades más apremiantes de las Fuerzas Armadas.
Tal norma se complementó con otras dos leyes ese mismo mes de enero del año 1938: la ley Nº 6.159, que autorizó al Pdte. de la República a realizar adquisiciones, construcciones y fabricaciones de elementos necesarios para la defensa nacional y la ley Nº 6.190 que fijó, para estos efectos, un monto máximo de gastos de USD $ 10 millones de la época.
A este paquete legal se le denominó la "ley de cruceros", por ser éstos, en esos tiempos, el arma (hoy sistema de armas) de mayores efectos disuasivos. A ambas leyes se les dio el carácter de "reservadas".
El ambiente de aquellos años estaba caracterizado por dos grandes condicionamientos:
- En Chile aun pesaban los aciagos efectos de la gran crisis de 1931 además de aquellos provenientes del progresivo estancamiento económico que provenía desde antes de la primera guerra mundial. Por ello las necesidades de las FFAA habían sido desatendidas por un largo tiempo. Esta situación también se evidenció desde principios del siglo XX – con posterioridad al Pacto de mayo de 1902 con Argentina y al Tratado de Paz con Bolivia de 1904 que neutralizaron peligros de guerra – al punto que Chile, para preservar su paz, exhibió por muchos años una manifiesta debilidad militar ante cualquiera amenaza externa.

La excepción a la regla la constituyó la orden de construcción entregada a astilleros ingleses del mítico acorazado
Almirante Latorre en el año del Centenario de la Independencia. Llegó a Chile en 1921 y prestó servicios hasta 1958.

- El mundo presentaba desequilibrios de alta beligerancia: Alemania se rearmaba y recuperaba territorios fronterizos en el centro de Europa, Italia ocupaba parte de África para revivir el Imperio Romano, España se batía en una penosa guerra civil y el Imperio de Japón desplegaba su enorme poderío militar, naval y aéreo en vastas campañas – todas exitosas - en Asia y en el Pacífico Oriental por más de 30 años.

Valga recordar que en 1940, EEUU dispuso para Chile un primer programa de asistencia militar que consistió en la entrega
gratuita, y de su propia iniciativa, de un grupo blindado de tanques M3, baterías de cañones de 105 mm, cañones antiaéreos,
ametralladoras pesadas, fusiles ametralladores, carabinas, fusiles y principalmente artillería de costa más las dotaciones de
municiones por considerar que Chile opondría escasa resistencia a una potencial incursión japonesa en el Pacífico Sur.

Un nuevo hecho histórico – de amplísimas implicaciones y posibles involucramientos para todas las naciones - vino a requerir de nuevos lineamientos jurídicos y financieros para solventar las inversiones en nuestra Defensa: el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbour de EEUU, en Hawai, con lo que se inició la Segunda Guerra Mundial.
El ataque a Pearl Harbour ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Días después, el 31 de diciembre de ese mismo año – Vicepresidencia de Jerónimo Méndez Arancibia - se promulgó la Ley Nº 7.144 – reservada - que creó el Consejo Superior de Defensa Nacional (C0NSUDENA) para administrar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de adquisiciones e inversiones que se aprobasen con los fondos de las tres leyes ya mencionadas. Es menester mencionar que esta ley, en su artículo 3º, autorizó al Pdte. de la República para contratar empréstitos hasta por cuatro mil millones de pesos oro o su equivalente en moneda extranjera para servir fines de defensa. Y en sus artículos 6º y 7º - primera relación con el Cobre - se autorizó a la Caja de Amortización de la Deuda Pública para poner a disposición del CONSUDENA, la diferencia de valorización, en dólares, que se produjera por los
retornos de divisas que debían enterar las empresas de la Gran Minería del Cobre a un valor de cambio inferior al cambio libre bancario, conforme a las disposiciones del Estatuto de Excepción de 1930. (Ley 5.107 de 1930 modificada después por la Ley Nº 7160 de 1942).
No obstante esta destinación de fondos a la Defensa Nacional, fue absolutamente insuficiente para revertir el deterioro de la capacidad defensiva nacional. Cabe advertir que el grueso del potencial militar pesado de Chile, durante la II Guerra Mundial, lo constituía el material facilitado por EE.UU.
La segunda relación entre el cobre y la defensa surgió de la planificación estratégica que desarrolló el Gobierno de EE.UU. en 1942 para enfrentar las necesidades de su equipamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial. La colosal reconversión industrial a que dio lugar, incluyó la fijación de precios a las materias primas, se priorizó la producción para fines bélicos y se dispusieron los grandes proyectos de producción militar en sus vastas instalaciones fabriles. Las compañías norteamericanas que extraían el cobre en Chile debieron aceptar, y por consecuencia Chile y sus FF.AA que dependían de la tributación de esta actividad, un precio inferior al de mercado para ese metal hasta fines de 1945. No obstante a este precio fijado se le adicionó bonificaciones para las empresas norteamericanas que fuera de EEUU mantuviesen sus operaciones sin huelgas. Fue el caso de las instaladas en Chile que durante la guerra no entraron en paro. Por tanto las acreeencias a que tuvieron derecho compensaron en gran parte el bajo precio fijado.
En esos cuatro años, la producción de cobre de la gran minería superaba las 300.000 toneladas anuales. En esos años Chile no era el primer productor mundial sino el 3º. El primero era EE.UU. y el segundo, África Británica.
Pero en 1955 surge una nueva dificultad para financiar equipamientos básicos para las FF.AA: la vigencia de la Ley Nº 11.828, denominada la del Nuevo Trato del Cobre, obligó a las compañías productoras de cobre a retornar todas las divisas provenientes de sus exportaciones, por lo que no se produjo la diferencia de valores de cambio, de modo que debió paralizarse, casi por completo, la inversión en elementos para la defensa nacional.
La pobreza de armamentos y pertrechos de la defensa nacional de aquellos años, fue nuevamente suplida por las necesidades defensivas de EE.UU. En virtud del TIAR – instrumento de la Guerra Fría protocolizado en 1947 para neutralizar el activismo subversivo de la extinta Unión Soviética en las naciones sudamericanas - EE.UU. define en 1952, el Pacto de Ayuda Mutua o Militar (PAM) mediante el cual dicha Nación entrega gratuitamente a varios países, entre ellos a Chile, elementos de modernización operativa para sus FF.AA. consistentes en armas, equipos y municiones, además de entrenamiento y especialización, para las tres ramas de la Defensa, mediante sus excedentes de la II Guerra Mundial y Guerra de Corea. Según registros fiscales norteamericanos, a Chile se le traspasó material de guerra por un valor de USD 143 millones (corrientes) entre 1953 y 1966.

Dicho convenio, ratificado en Chile mediante el DS 328 de 1952, contenía el compromiso de utilizar el
equipamiento entregado a fines exclusivamente defensivos y de neutralización de subversiones y como contraparte
el aseguramiento del suministro de materias primas producidas en Chile a EE. UU – tácitamente cobre - en caso de
conflictos en que se requiriesen de manera imprescindible por la industria norteamericana.
Cabe señalar que esta forma de cooperación militar conllevó algunos riesgos: una dependencia logística que llegó a
ser crítica con la aprobación de la enmienda Kennedy al PAM con Chile en 1976 (ligeramente atenuada por el
aparecimiento de una incipiente industria bélica interna) y, la minimización y deterioro de la función logística en la
preparación y conducción de la fuerza militar nacional, situación que se evidenció desde antes de 1973 y que no se
revertiría del todo sino hasta después de 1996.

Aquella suplencia también resultó ser insuficiente. Por tal motivo, en octubre de 1958 – bajo el Gobierno de Ibáñez - se promulgó la Ley 13.196, también reservada - que impuso un impuesto de 15% a las utilidades de la Gran Minería del Cobre para ponerlo a disposición de los fines del CONSUDENA. Si el monto de ese impuesto resultaba menor a USD $ 8.500.000, el Fisco debía consignar el faltante en la siguiente Ley de Presupuestos. Este impuesto hizo llegar la tasa impositiva al
50% de las ganancias de la Gran Minería del Cobre, para una producción de alrededor de 420.000 toneladas anuales.

Esta tercera relación del cobre con nuestra defensa se hizo directa, pues asentó, de modo explícito, el financiamiento de las nuevas inversiones de defensa en la mayor riqueza nacional en explotación.

A esta norma se le denominó la "ley de las fragatas", en consideración al incidente bélico protagonizado ese mismo año por la Armada Argentina en el islote Snipe, en el canal Beagle, el cual evidenció una muy pobre condición de equipamiento de nuestras FFAA. Por lo demás, en el país estaban arraigadas enormes estrecheces económicas por lo que, ante la emergencia por esta amenaza limítrofe que había surgido, sólo cabía recurrir a la única fuente de financiamiento posible.
La ley Nº 13.196 mantuvo estas disposiciones, no obstante las leyes de chilenización del cobre de 1966, la nacionalización pactada de 1969 y la expropiación total de la Gran Minería del Cobre de 1971, hasta el 31 de diciembre de 1973.

No obstante, en el periodo 1963 a 1972 no se enteraron totalmente los rendimientos de la ley y en 1973 no se
verificaron los aportes del cobre al CONSUDENA – quizás por una posible gestión de adquisición de armamentos a la
Unión Soviética a fines de 1972. Todos esos devengos se regularizaron totalmente en 1974.

En aquella última fecha se modificó, mediante el Decreto Ley (R) Nº 239, disponiéndose la deducción del 10% de las ventas en moneda extranjera que realizasen las empresas nacionalizadas (constituidas como sociedades colectivas) de la Gran Minería del Cobre, incluyéndose a la Cía Minera Andina. Y si esta deducción resultaba inferior a USD $ 90.000.000, el Fisco se obligaba a enterar el faltante en la Ley de Presupuestos. Además, consignó en forma definitiva, la costumbre de destinar a cada Institución de la Defensa, un tercio de esa cantidad. Y, a su vez, cada una de las instituciones debían aportar la suma de USD $ 3.350.000 a requerimiento del CONSUDENA, para que este organismo financiase inversiones tridimensionales o conjuntas de las tres instituciones.
Téngase presente que en esos años, la exportación de cobre significaba para Chile, el 90% de los ingresos en moneda extranjera. La Junta Militar entonces debió asegurar ante notorias amenazas externas, en la lejos, "la mayor y única permanente fuente de financiamiento de moneda dólar de la época", el nivel mínimo satisfactorio de equipamiento operacional de las FF.AA, atendiendo al hecho que la mayor parte del material de guerra debía ser importado y que la industria bélica nacional tenía tamaño mínimo. La producción de 1973 fue de 615.000 toneladas.
En abril de 1975, primero por el DL (R) Nº 984, todavía época de las empresas nacionalizadas de la Gran Minería del Cobre y luego de la creación de CODELCO – una vez concluida la fórmula de indemnización a las compañías norteamericanas expropiadas - en julio de 1976, por medio del Decreto Ley (R) Nº 1530 se precisó una modificación más a la Ley Nº 13.196: el 10% de las ventas de exportación gravadas con este porcentaje, incluyó los aportes en cobre que efectuaba Codelco al exterior. En lo formal, se constituyeron las cuentas de reserva para cada una de las ramas de la Defensa y una cuarta para el CONSUDENA. Recuérdese que en ese periodo, el precio promedio del cobre fue el más bajo de la historia. Y durante ese año se produjeron 846.000 toneladas.
Y en 1985 tiene lugar la última gran modificación de la Ley Nº 13.196. A través de la dictación de la Ley (R) Nº 18.445, el 10% de las ventas al exterior que realice Codelco y de los aportes en cobre también que destine al exterior, se incluye también el 10% de las ventas de los subproductos, lo cual permite aumentar el rendimiento de la Ley para los fines de la Ley Nº 7.144, a USD 180.000.000 de dólares. Vale decir USD 60 millones para cada institución armada, cifra reajustable anualmente a partir de 1987, en la variación del Índice de Precios al por Mayor de EE.UU. Además, se estableció la fórmula de reparto para los eventuales excedentes que superasen el mínimo anual. Por último, se consignó nuevamente que si ese mínimo no era alcanzado, el Fisco, a través de la Ley de Presupuestos debía enterar la diferencia. Cabe señalar que en 1986 y 1987, el Fisco debió suplementar en alrededor
de USD 63 millones (corrientes) las cuentas del CONSUDENA por el bajo precio del cobre en el mundo en esos dos años.

A la inversa, por disposición de la Ley Nº 20.455 de 2010 se traspasó al Fisco, de la cuenta de la Ley Nº 13.196 para la partida
Tesoro Público, USD 300 millones durante 2010 y otros 300 millones en el año 2011, con el fin de financiar gastos de
reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto de febrero de 2010.

La producción de CODELCO de 1985, alcanzó a las 1.076.000 toneladas.
A partir de 2004, de manera no prevista por los analistas, ni tampoco por COCHILCO, inversionistas en el rubro de materias primas o "commodities", especuladores de todo el mundo, ante una creciente demanda mundial, principalmente de la economía china, el precio del cobre aumenta sostenidamente y por ello los aportes de CODELCO a las FF.AA. llegan a triplicarse e incluso, en algunos periodos, a quintuplicarse. Así es quedó un gran remanente de fondos que ni la más optimista de las previsiones proyectó disponer para su utilización. Por ello la planificación de las adquisiciones basadas en los mínimos anuales y el uso de los eventuales excedentes en la forma prevista por la Ley Nº 18.445 da lugar a mantener un cuantioso ahorro y deja entrever la aguda percepción del futuro del cobre que se tuvo para dictar esta ley y sus sucesivas modificaciones.
El año 2009 la producción de CODELCO llegó a las 1.702.000 toneladas y la total nacional sobrepasó las 5 millones de toneladas.
COMENTARIOS
La historia de la fórmula de financiamiento de adquisición de los nuevos armamentos, sistemas de armas, naves, aviones y pertrechos para su incorporación a las FFAA. data desde hace más de 70 años.
La Ley Nº 13.196 tiene más de 50 años de vigencia y se le han introducido cuatro modificaciones en dicho lapso de tiempo. Dos de ellas, la de 1974 y la de 1985, que aumentaron los montos mínimos de recaudación para servir los fines que se encomendaron al CONSUDENA por la Ley Nº 7.144, ahora absorbido en todas sus funciones por el Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo a la Ley Nº 20.424, son las más sustantivas.
La ley Nº 13.196 gravó a las empresas extranjeras extractoras de cobre en un contexto de agudo subdesarrollo y diatribas a la presencia de industria norteamericana en el país y a las remesas de utilidades a EEUU. No así a las similares restantes nacionales, caso en el cual se hubiese tratado de un royalty.

Cabe resaltar que en el tiempo de su dictación, las empresas norteamericanas superaban el 90% de la extracción nacional.

Las modificaciones que le introdujo la Junta Militar - esto es porcentaje de ventas en vez del de utilidades, aumento de montos por los precios más altos de los nuevos y más eficaces armamentos y aumentos de la base tributable para no inducir efectos desmedidos en el presupuesto del Estado - de la misma manera, no se aplicaron a la actividad cuprífera sino a esas mismas unidades productivas nacionalizadas integradas desde 1976 en CODELCO, transformada ésta en una empresa del Estado con un estatuto orgánico de excepción, el cual le permite a su dueño, el Estado, disponer a su arbitrio y de manera absoluta, de todas sus utilidades.
Las disposiciones iniciales de la Ley Nº 13.196 también fueron insuficientes para dotar a las FF.AA. de los armamentos, equipos y tecnologías acordes con las probabilidades de amenaza que realmente enfrentaba la paz de Chile. Téngase en cuenta que hacia 1973 la mayor parte del material usado PAM había cumplido su ciclo de vida y que luego de asumir el Gobierno Militar se cerraron para el país los principales mercados productores de armas como asimismo fue el tiempo que debió sufrir la suspensión del referido Pacto con EE.UU.
Las crisis vecinales de 1975 con Perú, posiblemente apoyado por la URSS y Cuba y de 1978 con Argentina fueron sorteadas por nuestra Defensa Nacional con los primeros rendimientos de la la Ley Nº 13.196 producto de la modificación de 1973. No obstante, el cómputo de potenciales con las fuerzas
adversarias, en el teatro de guerra en el último caso 1978, oscilaba en los probables frentes de batalla desde 1 a 3 en los mejores casos hasta 1 a 5, además de una enorme desventaja de poder aéreo.
A comienzos de la década de 1980, una vez superadas aquellas crisis limítrofes, las restricciones al PAM con EE UU habían dejado de tener importancia: se logró establecer relaciones con mercados alternativos permanentes y se consolidó una interesante plataforma de industria bélica nacional, estatal y privada. Esto en presencia de un valor del dólar favorable para la competencia de la industria interna, todo lo cual permitió apreciar un grado razonable de independencia logística.

Las prohibiciones impuestas al PAM se levantaron totalmente hacia 1996, tiempo de Clinton, pero ya no en la dimensión de
gratuidad sino como relación estricta de mercados, es decir, que EEUU volvió a ser oferente de suministros para nuestra
Defensa. Cabe agregar que desde esa fecha, las adquisiciones efectuadas en ese país han comenzado lentamente a crecer en
significación, especialmente en material de defensa aérea.

Los rendimientos de la Ley Nº 13.196 en la década de 1990 y los primeros años del milenio permitieron consolidar paso a paso, grados cada vez mayores de independencia logística y aumentos considerables del potencial de disuasión de las FFAA chilenas.
Es necesario tener en cuenta que las repercusiones del colapso soviético en el mundo han favorecido el acceso de Chile a los armamentos más avanzados. En efecto, por la Convención de Viena de 1991 los arsenales e Europa Occidental y de la OTAN se redujeron fuertemente y a la vez, las adquisiciones de nuevos armamentos también fueron disminuidas. Por ello, los monopolios productores de armas y pertrechos de tecnologías de vanguardia de las grandes potencias, para poder mantener sus operaciones debieron ofrecer sus productos a más países y a precios moderados. Así también sus respectivas autoridades debieron rebajar los compromisos políticos para su venta (Ej.: colaboraciones en Misiones de Paz en vez de alianzas comprometedoras)
Y en los últimos cinco años, por el alto precio del cobre, tal poder se ha asegurado, disponiendo además de fondos de reserva, en el nivel que satisface de manera congruente el grado de amenaza de mediano plazo, con la capacidad de cumplir adecuadamente las eventuales misiones que se desprenden de la apreciación de las amenazas externas.

Entonces, la ley Nº 13.196, ha cumplido su objetivo esencial: hacer viable el logro del financiamiento estable del nuevo equipamiento para las FFAA para que éstas tengan la capacidad de preservar la paz y así, sin amenazas, se posibilite el desarrollo de Chile.

Por último cabe precisar que la Ley Nº 13.196 como asimismo las diversas fases en el tiempo de su aplicación, tiene características singulares. No obstante, pertenece a una familia de disposiciones jurídicas de suyo excepcionales, que nacen con el Estatuto de Excepción de 1930 para la Gran Minería del Cobre, para seguir con la larga lista de modificaciones importantes que se impusieron a esta actividad cuando era de índole extranjera y privada, luego de propiedad mixta. Enseguida, las modificaciones a la Constitución de 1925 para su estatización, las que a su vez, fueron incorporadas a la Constitución de 1980 para llegar finalmente a su resultado concreto: la organización de CODELCO en poder del Estado para satisfacer exclusivamente fines, manifiestos o tácitos que apruebe el Estado.
MODIFICACION AL FINANCIAMIENTO DE LAS FFAA
Al observar la perspectiva histórica del financiamiento del poder material de la defensa nacional se hace posible visualizar que se encuentra íntimamente correlacionado con el nivel de desarrollo que emerge de la actividad productiva de la nación chilena.
En efecto, la carencia de desarrollo manifestada desde principios del siglo XX y que derivó en un agudo subdesarrollo hasta la década de 1970, sólo permitió disponer de una potencia militar en extremo reducida para conjurar cualquiera amenaza externa que se hubiese materializado en el transcurso de todo ese periodo.
De la misma forma cabe recordar que las graves amenazas vecinales a la seguridad exterior de Chile que se evidenciaron en 1975 y 1978 fueron neutralizadas básicamente por un esforzado dispositivo
militar defensivo. Estas fueron coetáneas a la etapa de reconstrucción nacional que se emprendió en ese lustro, el que comenzó a evidenciar una tenue percepción que el país se orientaba a entrar a una fase de desarrollo potente.
No obstante los escuálidos presupuestos para nuevos armamentos tanto en calidad como en cantidad durante aquel larguísimo periodo comentado, se configuró gradualmente una institucionalidad eficaz, a partir de un gran número de disposiciones legales y reglamentarias. Esto se logró en torno a la ley del CONSUDENA y a la Ley Reservada del Cobre como elementos de base y de estamentos directivos y administrativos compuestos en gran parte por personal de origen militar. Esta delegación de funciones fue adoptada paulatinamente por el nivel político para hacer a los cuerpos castrenses copartícipes directos y comprensivos de los efectos del desolador y persistente subdesarrollo que afligía a la nación entera.
A través de dicha organización institucional paso a paso, de etapa en etapa y en concordancia con el creciente desarrollo que fue experimentando Chile desde 1973, se cumplió el cometido dispuesto en la Ley Nº 7.144 de 1941.
Los cambios a esta forma de resolver las inversiones en defensa comenzaron a aparecer hacia los años 2003-2004 cuando ya se visualizó en un horizonte cercano la organización de la fuerza consistente con las probabilidades de amenaza conjuntamente con los primeros indicios de la tendencia sostenida al alza del precio del cobre.
En la página web del MDN se ha entregado como justificaciones a la modificación de financiamiento del nuevo material de guerra por medio de tres argumentos tanto para el fallido intento de 2009 como el que se anunció en mayo de este año 2011:
1. "La ley Nº 13.196 tuvo por objeto asegurar a las FFAA una fuente de financiamiento de su

equipamiento que no estuviese sujeta a los vaivenes de la política local y a las percepciones
subjetivas de los políticos que, habían mostrado poca capacidad para anticipar las amenazas
que enfrentaba el país o habían minimizado su probabilidad".
Tales apreciaciones parecen no tener un gran sustento empírico puesto que se tiene evidencia que los sempiternos y efectistas cuestionamientos a los gastos en defensa que han ocurrido en la discusión política normalmente han constituido contingencias sin efectos perceptibles, como por ejemplo opiniones recurrentes sobre alternativas de gasto en materias sociales u obras públicas, las ácidas críticas de un sector a la suscripción del PAM, las amenazas de derogación inmediata de la ley del cobre, a rebajar los gastos de régimen de las FFAA en la época preplebiscitaria (1988) y en general las infaltables catervas descalificadoras de la Defensa Nacional.

Un hecho de nuestra historia permite corroborar el sentido imperativo de la defensa: muy graves pudieron haber
sido las consecuencias de la eventual venta de los recién adquiridos blindados Cochrane y Blanco Encalada que
el Pdte. Pinto comunicó a Inglaterra y Rusia en 1878 - año de crisis económica - por estimar que se podría
destinar £ 440.000 a escuelas y obras públicas ante la esperanza de superar prontamente el conflicto de límites
con Argentina . El nulo interés inicial de esas potencias junto a evidencia de una grave amenaza (Comisión de
A. Prat en B. Aires) hizo rectificar esa decisión lo cual posibilitó que por medio de tales buques Chile obtuviera
el dominio del mar para triunfar en la Guerra del Pacífico

No obstante, ha habido políticas con efectos sobre la defensa: el desmesurado crecimiento de funciones del Estado y su contraparte el gasto fiscal largamente inflacionario en el periodo 1965-1973 hicieron mella considerable sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas (ej. bajas de producción agraria, desabastecimientos) y en la seguridad interior de la nación (ej. extremismo, cordones industriales armados).
Por último no tiene consistencia afirmar que la Ley Nº 13.196 se dictó para evitar los vaivenes políticos pues el financiamiento de defensa, según el proyecto, volvería a la discusión parlamentaria.
2. "Los fondos que esta ley entrega a las FFAA no están incluidas en el Presupuesto anual, no se administran en los términos que dispone la Ley de Administración Financiera del Estado, no

　
forman parte de las Cuentas Nacionales y que sólo desde 2003 se hace público el Flujo de Caja de las obligaciones producto de las adquisiciones y amortizaciones".

Estos aspectos reglamentarios en la aplicación de esta ley dependen de la calidad de secreto que el legislador estime merecen las cifras de recursos que se emplean para servir las necesidades de la defensa nacional. Por ello, si se prescinde de la noción de secreto, las actuales formalidades de la ley pueden ser fácilmente modificadas.
Por lo demás, el proyecto de ley mantiene gran parte de las actuales excepciones sobre el uso de estos recursos pues define tanto un presupuesto separado para financiar el programa de Capacidades Estratégicas de la Defensa como las mismas modalidades de aplicación reservadas, en forma distinta a las del Presupuesto Anual.
3. "Dado que esta ley genera recursos dependiendo del nivel de exportaciones de CODELCO y del

precio internacional del cobre, no existe razón para que los ingresos así generados deban
coincidir con el gasto de corto plazo ni con las necesidades de largo plazo del sistema de defensa
nacional. De hecho, el alto precio del cobre de los últimos años, ha producido un ingreso mayor
que el gasto, acumulándose un ahorro significativo".
La afirmación tiene carácter muy relativo. Ello porque la ley establece un impuesto específico, a favor de la Defensa Nacional, de un monto mínimo garantizado que probó ser razonable a partir de la modificación de 1985. Lo que si varía es el nivel de utilidades contables que percibe el dueño de CODELCO, esto es el Estado. De ahí que cabría legislar sobre un máximo del impuesto si hay previsiones de mantención de un elevado precio del cobre en el largo plazo, como por ejemplo hasta el duplo del mínimo o una fracción menor. Lo anterior permite colegir que la ley Nº 13196 ha sido concebida con la propiedad de adecuarse a los requerimientos indispensables de la defensa nacional.
En otros círculos han aparecido dos argumentos adicionales: los referidos a la incorporación de Chile a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y a las eventuales ganancias de eficiencia de CODELCO.
Por el primero de ellos, tanto la promulgación de la Ley Nº 13.196 como su aplicación y muy especialmente por el hecho de operar con una formalidad presupuestaria diferente, escaparían de los lineamientos de uniformidad legal y administrativa que dicho organismo internacional recomienda adoptar a sus miembros de manera permanente. Siendo esto cierto, cabe replicar que la Ley Nº 13.196 ha demostrado un resultado eficiente de largo plazo, en circunstancias que muchas de las políticas que la OCDE ha elogiado por su carácter general no han logrado efectos satisfactorios; téngase en cuenta que la mayoría de los países miembros de esta organización (Europa) – sin recibir reproches de esa entidad - tienen dificultades financieras crónicas y críticas derivadas tanto de un cuantioso endeudamiento de largo plazo de los Estados como de elevados déficits fiscales de operación.
Y en cuanto a los supuestos efectos beneficiosos que tendría CODELCO, en la realidad no son tales ni podrían ocurrir. Lo único que cierto sería el aumento de utilidades contables que se generaría a favor del Estado de Chile. Pero éste, al tenor del proyecto de ley (y necesariamente) debe mantener su obligación de entregar el financiamiento de la Estrategia Nacional de Defensa que se propone. Por lo demás, el Estado normalmente tiene comprometido de antemano el 100% de esas utilidades. A este respecto, conviene precisar que la monserga que dice que CODELCO pertenece a todos los chilenos es falsa: se trata de una empresa de propiedad del Estado. Y como tal se encuentra sometido a enormes y revesadas presiones de gasto por cualesquiera motivos. Sólo escapa a ello, en la actual circunstancia, el impuesto determinado por la Ley Nº 13.196, pues este se destina a la Defensa Nacional, que si es un bien que pertenece a toda la Nación.
PALABRAS FINALES
Las argumentaciones para modificar el financiamiento de las nuevas inversiones de la Defensa Nacional
no parecen tener la contundencia indispensable. En algunos aspectos se basan en juicios dialécticos que no dejan ver con claridad la necesidad de una propuesta que modifica elementos esenciales de la proyección de funcionamiento de las Instituciones de nuestra Defensa.
En la coyuntura vigente, definida por fuerzas políticas que amenazan desdibujar las estructuras básicas de la institucionalidad que Chile ha configurado de modo eficiente y eficaz, desde antes de su emancipación y en presencia de estamentos políticos en franco deterioro, sería prudente reflexionar acerca del reemplazo de normas de probada eficiencia por otras que podrían arriesgar una ejecución que inmovilice o entrampe el despliegue permanente de nuestra defensa.

FUENTES.
Ministerio de Defensa
Comisión Chilena del Cobre y DL Nº 1.349
CODELCO y DL Nº 1350
Biblioteca del Congreso Nacional
Diversas páginas Web de Internet
Proyecto de modificación de financiamiento de las FF.AA.