Lima, 15 de agosto del 2012
LOS
DESAFÍOS DEL SEGUNDO AÑO
Pilar Arroyo R.P.
Instituto
Bartolomé Las Casas
Entrando al segundo año de gobierno nacionalista, el Perú
enfrenta diversos desafíos. Queremos brevemente referirnos a tres de ellos: pasar del crecimiento al
desarrollo, el manejo de los conflictos sociales y la creciente presencia de
Sendero Luminoso.
I.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO
El economista Efraín Gonzales de Olarte nos dice que “la tasa de
crecimiento promedio del PBI [Producto Bruto Interno] peruano en el periodo
2001-2011 ha
sido de 5.8%, la más alta y bastante por encima del 4.2% que registra como
promedio la región. Nunca antes el Perú había sido el líder del crecimiento
económico en América Latina por toda una década”[1].
En una reciente publicación El
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] también destaca los logros de nuestra
economía, señalando que “la economía funciona, promueve un ambiente de negocios
altamente favorable al crecimiento, alienta la consolidación de nichos de alta
competitividad, genera nuevas capas medias, y más aun, lo hace con un dinamismo
tal que ha colocado a Perú en una posición expectante para dar un salto
cualitativo en términos de desarrollo en los próximos años”[2].
Incluso este año, a pesar de los
embates de la crisis mundial, las proyecciones
de crecimiento están alrededor del 6% del Producto Bruto Interno. Y se habla de una tasa similar hasta el 2016.
Todo pareciera indicar que la crisis
mundial golpeará, pero no noqueará a nuestra economía. El BBVA Research, en su
informe del segundo trimestre del 2012, señala que “la fortaleza de la
inversión privada y pública permitirá que la economía mantenga un crecimiento
robusto, cercano al potencial, a pesar de la debilidad del entorno global (…)
En conclusión, si bien un agravamiento de las condiciones externas tendrá
impactos sobre la actividad local, la economía peruana cuenta con fortalezas
que los mitigarían”[3]
Como señalamos en nuestra entrega de
marzo de este año[4] entre esas fortalezas se
encuentra el tener abundantes Reservas
Internaciones Netas (RIN). Estas
ascienden, al 10 de agosto del 2012
a US$ 58,544[5].
Como es sabido, las RIN nos permiten
enfrentar situaciones difíciles, ya sea por razones de desastres naturales o
por turbulencias de la economía internacional. Pero
también el tener una deuda pública total
(externa e interna) manejable (20.9% del PBI)[6].
A ello se suma nuestro Mayor intercambio comercial con Asia y
América Latina, lo que nos permite ser menos vulnerables que antes a las
dificultades económicas de los Estados Unidos y la Unión Europea.
En síntesis, a nivel de crecimiento
nos va bastante bien. Sin embargo, no podemos afirmar lo mismo con respecto al
Desarrollo, pues los principales indicadores sociales siguen siendo bastante
preocupantes[8] Para entrar con pie firme en la senda del desarrollo no
podemos seguir basando nuestro crecimiento sólo en la exportación de nuestros
recursos minerales, pues el tipo de crecimiento que genera es excluyente.
Carlos Eduardo Aramburú recuerda que
este tipo de crecimiento favorece solo a los sectores más conectados al
mercado. El afirma que es “evidente
que el crecimiento económico es capaz de sacar de la pobreza sobre todo a los
sectores más conectados al mercado, que cuentan con los activos (educación,
vialidad, conectividad, crédito, etc.) que le permiten aprovechar las
oportunidades derivadas de este crecimiento. Pero su impacto es bastante menor
para las poblaciones que no cuentan con estos activos, es decir las más
excluidas” [9].
Waldo Mendoza, , Jefe del
Departamento de Economía de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), considera que
“La modificación del estilo de crecimiento actual, concentrado en la
explotación de materias primas de exportación, especialmente mineras, hacia un
crecimiento basado en la exportación de productos manufactureros, intensivos en
mano de obra, puede conducir a una mejora en la distribución del ingreso. Esta
modificación es compleja, e implicaría un cambio en el estilo de crecimiento
prevaleciente en el país de los últimos veinte años. Esta ruta ha sido
aparentemente dejada de lado por el presidente Humala, al menos por ahora”[10]
Carlos Monge es de similar opinión,
él señala que “se mantiene el modelo general en el que las extractivas son el
motor del crecimiento y todo lo demás se subordina a la promoción de
inversiones en este sector”[11] En
cambio, como nos recuerda Félix Jiménez, que fue Jefe de Plan de Gobierno de
Gana Perú, en la Hoja
de Ruta se proponían “reformas –emprendidas desde el Estado—orientadas a
desarrollar mercados internos, expandir la inversión privada nacional,
diversificar la capacidad productiva y desarrollar la competitividad”[12], lo
que sí nos ponía en una clara ruta del desarrollo.
Lamentablemente, en el Mensaje
Presidencial de Julio del 2012 no se retoma la idea inicial del nacionalismo de
vincular crecimiento con desarrollo. Hoy
el presidente habla del crecimiento como si fuera sinónimo de desarrollo. Humala
dijo: El crecimiento económico sostenido es indispensable para reducir la
pobreza, la desigualdad y generar los ingresos fiscales que aseguren la
expansión del gasto social en favor de los más pobres y excluidos del país. La
mayor inclusión social redundará en mayor inversión y crecimiento. En este
círculo virtuoso apostamos decididamente”[13]
El reto es cómo desde la sociedad
civil y otros espacios se vuelve a poner el tema en agenda.
II.- EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS
SOCIALES
Este
ha sido uno de los temas que más costos
y consecuencias políticas han tenido durante el primer año de Humala en
la presidencia y el que, a nuestro parecer, seguirá marcando su segundo año de
gestión.
Anahí
Durand nos dice que “hoy los conflictos sociales no cuentan con estructuras centralizadas ni
están necesariamente asociados a aparatos partidarios. Los conflictos de ahora
se muestran poco estructurados, dispersos y reactivos ante alguna presión del
contexto que torna más evidente la contraposición de intereses. Además, estos
se hallan estrechamente vinculados a la presión sobre los territorios que exige
el actual momento económico signado por la implementación del modelo neoliberal
eminentemente extractivo”[14].
Problema no es exclusivo del Perú
La socióloga
argentina Maristella Svampa afirma que estamos “en una nueva fase de
acumulación del capital, en la cual uno de sus núcleos centrales es la
expropiación de los recursos naturales, cada vez más escasos, en el marco de
una lógica de depredación ambiental”. Y ello “se constituye en el punto de
partida de los reclamos de las movilizaciones y movimientos campesinos,
indígenas, así como de los nuevos movimientos socio-territoriales” [15]
Por su parte
Fernando Calderón, en un estudio sobre los conflictos sociales en la región
(periodo octubre 2009, septiembre 2010) encuentra que “la conflictividad en los
países de América Latina presenta rasgos comunes: plataformas de exclusión y
desigualdades crónicas cuestionadas por la ciudadanía”. Para él “la desigualdad
constituye la base sobre la que se desarrollan la mayoría de los conflictos y
protestas sociales en la región”. Y nos recuerda que ya el PNUD en su Informe
Regional del 2010 había señalado que dicha desigualdad era “alta, persistente y
se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica”. Para él estas
demandas tienen a la base el desafío de ¿Cómo combinar hábilmente crecimiento,
redistribución y sostenibilidad ambiental?”[16].
Y
el Revenue Wacht Institute señala que “la alta
demanda y los altos precios de los minerales, el petróleo y el gas en el
mercado regional e internacional han estimulado un nuevo ciclo de inversiones
en exploración y extracción de recursos naturales no renovables. Esta expansión
de las actividades extractivas ha estado acompañada de una serie de conflictos
sociales y ambientales, en los que los pobladores de las comunidades aledañas a
los proyectos demandan la suspensión o cancelación de los mismos, o bien
negocian fuertemente las condiciones de su presencia, reclamando compensaciones
a los daños causados o esperados[17].
Y tiene bases
objetivas
Ello es muy importante recordarlo
cuando hay una mirada que busca atribuir la altísima conflictividad que nos
caracteriza a una mera agitación social o política que debe ser respondida
desde el Estado con medidas coercitivas. Esta mirada pasa por alto que el
crecimiento exponencial de los conflictos socio ambientales (en el 2005 eran el
8% del total, en el 2012 bordea el 60%; en el 2004 abarcaban 4 regiones, hoy 24
regiones) está relacionado a:
a) La expansión
acelerada de las concesiones para explotación de Recursos Naturales. Por
ejemplo, en los 90
las mineras tenían concesiones que totalizaban 2´300,000 Has. En el 2012 dichas
concesiones totalizan 25´900,000 hectáreas, es decir el 20.3% del territorio
nacional. Y en el caso de la Amazonía , el 75% de su territorio está concesionado.
b) A la
existencia de un marco legal extremadamente favorable a las empresas extractivas, que no toma en cuenta el
cuidado del medio ambiente, ni los derechos de la población. Ello ha sido
reconocido por el propio Presidente, quien en un Mensaje del 22 de junio habló
de la necesidad de establecer nuevas reglas para la minería. En esa oportunidad
el Presidente fijó un plazo de 30 días para que una comisión multisectorial
presentara una propuesta al respecto. Y en el Mensaje del 28 de julio anunció
que la comisión ya había entregado su propuesta.
Se
habla de la necesidad de nuevas reglas porque el contexto en que se dio el
marco legal anterior no es el mismo. Este fue dado en los noventas cuando el
Perú afrontaba las consecuencias de la segunda hiperinflación más alta de la
historia mundial, enfrentaba la violencia terrorista de Sendero Luminoso (SL),
los precios de los recursos naturales no eran tan atractivos y los temas
ambientales no eran prioritarios en la agenda mundial.
Si
bien la comisión ya entregó su propuesta, José de Echave señala que “Parece que no hay humo blanco dentro del gabinete y que
las resistencias a aceptar los cambios son fuertes, sobre todo de ministerios
como el de Energía y Minas. Además, los grupos empresariales mineros están
jugando sus cartas y no aceptan cambios sustantivos”[18].
c) Que el Estado
juega abiertamente a favor de las empresas extractivas, renunciando a su rol. La Defensoría del Pueblo
en su análisis sobre los conflictos sociales, habla de un estado ausente,
ineficiente, y arbitrario. Y de que “se observa negativa a recibir y escuchar a
dirigentes” [19]. El hecho es más
preocupante aún si se toma en cuenta que se ha permitido que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
firmen contratos de seguridad con diversas empresas extractivas, dándose
incluso el caso que existan comisarías dentro de campamentos de dichas
empresas. Por ello es saludable el anuncio presidencial de que ha dispuesto
“que las instalaciones policiales que se encuentren en campamentos o en
propiedad de empresas privadas sean retiradas progresivamente en la medida que
se cuenten con locales adecuados para su funcionamiento y servicio a la
comunidad”[20]
d) Y también a la existencia de escasos mecanismos reales de
participación ciudadana. Por ejemplo, para que la población opine sobre los Estudios
de Impacto Ambiental (EIA) la información que se otorga es demasiado técnica y
los plazos son muy reducidos.
La peligrosa polarización existente
El
no reconocer estas y otras razones objetivas que están a la base de los
conflictos socio ambientales ha llevado a una polarización de los mismos, cuyas
posiciones explicamos ampliamente en nuestra entrega de febrero de este año. Y
ello, a su vez ha llevado a un incremento de la violencia.
En
efecto, la Defensoría
del Pueblo señala que “entre enero del
2006 y septiembre del 2011 (…) el número total de personas fallecidas ascendió
a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2,312, entre civiles y policías”[21].
Esto supera el promedio de toda la región. Por ejemplo, en Bolivia en conflictos
sociales desde el 2006 a
la fecha ha habido 28 muertos y en Colombia en el mismo periodo 6[22]. Y ello es así porque en el sentido común de
la región es inconcebible que los ciudadanos mueran por esta causa, siendo el
costo político sumamente alto.
Por todo
ello coincidimos con la
Defensoría cuando señala que el adecuado tratamiento de los
conflictos sociales “representa uno de los retos más importantes para la
consolidación de la democracia y la cultura de paz en el Perú”. La Defensoría insta a
comprender que “los conflictos sociales deben ser entendidos como modalidades
de expresión ciudadana que, adecuadamente gestionados, se pueden convertir en
oportunidades para el país”[24].Y también nos parece urgente lanzar una
campaña desde la sociedad civil para que no haya un muerto más en los
conflictos sociales.
En los últimos meses hemos visto como la presencia de las dos vertientes de
Sendero Luminoso se hace más evidente en la escena pública.
Proseguir
Recordemos que esta facción rompió con Abimael Guzmán en 1992. Primero fue
liderado por Oscar Ramírez Durand (Feliciano) hasta su captura y hoy lo es por
los hermanos Quispe Palomino. Más conocido como el grupo del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) por
estar su accionar circunscrito a dicha área, lograron cobertura nacional con el
secuestro de los 36 trabajadores en Kepashiato (abril de este año) y los
acontecimientos posteriores. De ellos nos ocupamos ampliamente en nuestra
entrega de mayo.
El Sendero
Luminoso de Abimael Guzmán
Esta facción, mucho más numerosa que
la anterior, ha estado muy activa en el escenario nacional en el último
semestre. Si bien fracasó en su intento de inscribir como partido político a su
organismo de fachada MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y Derechos
Fundamentales) la ha seguido usando para hacerse presente en cuanta
movilización ha habido en Lima y las regiones. Y es a través del MOVADEF que tiene
presencia en diversas universidades públicas, a nivel nacional.
Igualmente, ha logrado conducir una
huelga magisterial, a través del CONARE-SUTEP [Comité Nacional de
Reconstrucción y Reconstrucción del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú] desde
el 20 de junio a la fecha, contando para ello con el respaldo de la mayoría
(por encima del 80%) de sectores magisteriales de Puno, Ayacucho, Apurímac y
Huancavelica y en mucho menor medida Cusco (aproximadamente el 30%).
Al igual que en el pasado, Sendero
se ha montado en dos justas reivindicaciones del gremio magisterial (aumento de
salarios y rechazo a la forma como se implementó la Carrera Pública
Recordemos que el sector educativo
desde los inicios fue la cantera del senderismo. Y en el caso del magisterio La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
se preguntó ¿Por qué el PCP-SL centró su mirada en el magisterio? Y se contestó
que “La
presencia estratégica que los maestros tienen a escala nacional como
consecuencia de la masificación de la educación y la legitimidad que tienen
tanto la educación como el maestro son dos aspectos claves por lo que el PCP-SL
centró su atención en el magisterio. Son los maestros quienes con frecuencia
actúan como intermediarios entre los ciudadanos y las dependencias del Estado,
por lo que han adquirido una fuerte capacidad de influencia (…) el hecho de que
el maestro sea un líder de su comunidad explica la importancia que pudo
asignarle el PCP-SL (…) a través del magisterio, el discurso del PCP-SL podía
llegar a los jóvenes, que eran su interés central”[25].
El asunto es realmente preocupante,
pues Sendero en sus diversas apariciones públicas (en la universidad, en el
CONARE, en la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero, en las
movilizaciones, etc.) no muestra haber cambiado ni en sus concepciones ni en
sus métodos y menos en su simbología, manteniendo la misma agresividad
descalificadora con cualquiera que discrepen con ellos, como se ha podido
notar, especialmente en Puno. Su esencia totalitaria se le desborda por los
poros. Tan es así que en la huelga magisterial han vuelto a aparecer perros
colgados. Es preocupante también porque
su crecimiento indica que hemos fallado
como sociedad en saber transmitir adecuadamente la memoria de los terribles
daños que este grupo causó al país, sobre todo a sus sectores más olvidados.
Y es preocupante porque este tipo de presencia indica fortaleza ideológica,
capacidad de movilización, iniciativa y organización en momentos de desilusión
de sectores que hace tiempo piden cambios en el país. Nos parece que como
sociedad debemos desarrollar reflejos rápidos para lograr neutralizar dicha
presencia. Creemos que mantiene plena vigencia lo señalado hace 9 años (agosto
del 2003) por Salomón Lerner Febres, Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR). En esa oportunidad Lerner dijo que “por su carácter inherentemente criminal y totalitario,
despectivo de todo principio humanitario, el PCP-Sendero Luminoso es una
organización que, en cuanto tal, no puede tener cabida en una nación
democrática y civilizada como la que deseamos construir los peruanos” [26].
Basaba su afirmación en el hecho de
que SL mostró durante el periodo
1980-2000 un desprecio total por la vida, siendo según la CVR el principal
responsable de crímenes y violaciones de los derechos humanos durante dicho
periodo. En el Informe Final la
CVR también acusa a SL de crímenes de lesa humanidad por
desplegar una “extremada
violencia e inusitada crueldad” en la implementación de un proyecto
fundamentalista “militarista
y totalitario de características terroristas” con una “falta absoluta de respeto por
la persona humana y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes”. su
accionar “buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra
la población civil”[27].
[1]) Cf. Gonzales de
Olarte, Efraín “A un año del gobierno de Ollanta Humala: Economía: en piloto
automático. Política: ¿dónde está el piloto?”. En Revista Argumentos, año 6, n.° 3. (Julio 2012) pp.60-61. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/efrain_gonzales.html
[2]) Perú: la oportunidad de un nuevo
ciclo de desarrollo Escenarios prospectivos 2012-2016. (La
Paz , IDEA-PNUD, Colección Informes Nacionales de Prospectiva
Política PAPEP, Junio – 2012) p 14.
[4])
Se puede bajar de www.bcasas.org.pe , al igual que las otras
que mencionamos líneas abajo.
[6]) Cf. “La deuda externa ya no es
problema” en Hildebrandt en sus Trece,
Semana del 27 de enero al 2 de febrero del 2012.
[7]) “Primer año de
Gobierno de Ollanta Humala: Balance económico y perspectivas” en Otra
Mirada 9 de agosto del 2012. Se puede bajar de http://www.otramirada.pe/primer-a%C3%B1o-de-gobierno-de-ollanta-humala-balance-econ%C3%B3mico-y-perspectivas
[8] ) . Nos eximimos de detallarlos, pues
ya lo hicimos en nuestra entrega de marzo de este año.
[9]) “Política social. De la protección a la
inclusión” en Eduardo Toche(compilador)Perú Hoy. La
Gran Continuidad (Lima, Desco, 2012) p.102.
[10]) Mendoza, Waldo. “El primer año de
Ollanta Humala”. En Revista Argumentos,
año 6, n.° 3. (Julio 2012). pp. 62 y 59, Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/el_primer_ano_de_ollanta_humala.html
[11]) Humala y las Industrias Extractivas.
Poca transformación y mucha continuidad en Perú Hoy. La Gran Continuidad (Lima, Desco, 2012) p.377.
[13]) Mensaje
a la Nación
del Señor Presidente Ollanta Humala con
motivo del 191° Aniversario de la Independencia Nacional (Lima, 28 de julio del 2012) p. 13.
[14]) “El costo de lo pendiente: conflictos sociales
e impunidad en tiempos de Humala2 en Eduardo Toche(compilador) Perú Hoy. La Gran Continuidad (Lima, Desco, 2012) p.189. Un dato interesante
que nos da la autora es que “En el caso del Proyecto
Minas Conga, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado «con cargo a
entregar el estudio hidrogeológico el año 2013», es decir, en plena fase de
exploración” (nota 2, pag. 192).
[15]) “Modelos de desarrollo, cuestión
ambiental y giro eco-territorial” en Héctor Alimonda (coordinador) La naturaleza colonizada. Ecología Política
y Minería en América Latina (Buenos
Aires, CLACSO, 2011) pp.190 y 212.
[16]) “Diez tesis sobre el conflicto
social en América Latina” en Revista de la CEPAL 107 (agosto 2012)
pp. 7, 11 y 8.
[17]) Revenue Wacht Institute, Oficina Regional para América Latina Reporte anual de tendencias de las
industrias extractivas en América Latina 2011 (julio de 2012)p. 17.
[18]) José de Echave C ¿Y la Nueva Minería
[19]) Defensoría
del Pueblo del Perú Violencia en los
conflictos sociales, Informe
Defensorial N° 156 (Lima,
marzo 2012) pp.35 y 45.
[22] ) Jo-Marie Burt
“La impunidad
de hoy y de ayer: una sola” en Noticias Ser del 1 de agosto del 2012.
El dato lo toma del New York Times
[23]) Mar
Pérez Aguilera “Conflictividad Social y Vulneración de Derechos” en ¡Ni un Muerto más! 2011-2012 (julio) Informe
Anual. Un año de Gobierno del Ollanta Humala (Lima, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 2012)p.18.
[25] ) CVR Informe Final, Tomo III p. 547 Sugerimos al magisterio re-leer
el punto 5 (“El sistema educativo y el Magisterio”) del Capítulo III del Tomo
III del Informe Final (pp.537-615) para que recuerden cuáles son las reales
intenciones de Sendero Luminoso en el sector educativo.
[26] ) Discurso de Presentación del
Informe Final de la Comisión
de la Verdad y
Reconciliación en Palacio de Gobierno, 28 de agosto del 2003.
[27] ) Todas las citas son tomadas de:
Comisión de la Verdad
y Reconciliación. Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR (Lima, agosto del 2003).
